La Ley y Decretos que establecieron la obligatoriedad de declarar el patrimonio que poseian en el extranjero los residentes en España, fue un abuso politico que atentaba contra los valores más elementales de una simple democrácia. Se establecieron sanciones desproporcionadas y la imprescriptibilidad, con una importante inseguridad jurídica para los ciudadanos que no habian realizado la declaración y tenian la intención de subsanar su incumplimiento.
La sentencia del TJUE ha vapuleado a la politica del socio europeo, España. Pero los medios de comunicacion, controlados en su mayoria por el susodicho poder político, no han, siquiera, difundido la noticia, a pesar del del desprestigio que ello representa. España debe desprenderse de las aromaticas influencias del franquismo que, sin duda, aún nos condiciona. Es necesaria la igualdad, sinceridad, honradez y la personalidad individual de los politicos, al margen de la ideologia y diciplina de sus partidos.
Se anexa articulo de Expansión de 1/2/22.
