
La Ley y Decretos que establecieron la obligatoriedad de declarar el patrimonio que poseian en el extranjero los residentes en España, fue un abuso politico que atentaba contra los valores más elementales de una simple democrácia. Se establecieron sanciones desproporcionadas y la imprescriptibilidad, con una importante inseguridad jurídica para los ciudadanos que no habian realizado