Resumen aspectos fiscales del RD 8/2020 pubicado hoy en BOE.

En el día de hoy se ha publicado el RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Destacamos la falta de modificaciones en materia fiscal.

(Dudas se puede consultar Gemma Sala)

 

El Real Decreto prácticamente se limita a determinar la suspensión de algunos plazos tributarios, los indicamos más adelante. Nada dice respecto a la suspensión de plazos para pago de las deudas tributarias autoliquidadas por el contribuyente como puede ser el IVA, Retenciones, Pagos a cuenta de sociedades, etc.

 

De ello se desprende que el próximo viernes, 20 de marzo (retenciones de febrero) o el 30 de marzo (IVA febrero para empresas acogidas al SII) las grandes empresas y aquellos obligados tributarios que presentan los impuestos con periodicidad mensual, deberán proceder a la presentación y en su caso, al pago de las deudas tributarias como hasta la fecha.

 

Asimismo, si no existen posteriores modificaciones, los impuestos trimestrales que se deben presentar correspondientes al primer trimestre del 2020, plazo máximo el 20 de abril, tampoco quedan suspendidos.

 

Por lo tanto, atendiendo a las medidas publicadas hasta la fecha los autónomos o pymes (las personas o entidades con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019) podrán solicitar aplazamiento de las deudas tributarias, incluso de retenciones, con un importe total máximo de 30.000 euros y durante 6 meses (los tres primeros meses no devengarán intereses).

 

Las medidas en materia fiscal que contiene el RD 8/2020 son las siguientes:

 

    • Suspensión de plazos en ámbito tributario.

 

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, quedan suspendidos hasta 30 de abril de 2020 los siguientes plazos:

                                                  

    • Los plazos de pago de las liquidaciones y providencias de apremio practicadas por la Administración.

 

    • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos aplazamientos y fraccionamientos de deuda concedidos.

 

    • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes.

 

    • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

 

    • En los supuestos anteriores cuando estos plazos se comuniquen a partir del 18 de marzo de 2020, el plazo se extiende hasta el 20 de mayo, salvo que se haya otorgado un plazo superior.

 

    • En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

 

    • El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Dicho periodo no computará a efectos de prescripción, ni a efectos de plazo de caducidad.

 

    • A los solos efectos del cómputo de los plazos para la prescripción en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

 

    • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos previstos por la Ley General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

 

    • Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

 

    • Se añade una nueva exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de AJD (documentos notariales), respecto a las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 

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